martes, 29 de diciembre de 2015

por Alonso Nuñez del Prado*

Es curioso revisar en los diarios y revistas las reacciones y comentarios a la norma aprobada en el Congreso de entregar el 95.50 % del fondo a los afiliados que cumplan 65 años dejando el 4.50% restante para la cobertura de salud. De un lado, algunos ‘expertos’ que hacen causa común con sus empleadores y tratan de encontrar todos los ‘peros’ posibles a que la ley sea promulgada; de otro, aquellos un tanto más pudorosos que no se atreven a cuestionarla del todo dada su ideología, pero sugieren que es mejor no discutirla en tiempos electorales (en otras palabras hay que darle largas al asunto); por último un buen número también de neoliberales que han preferido quedarse callados, porque si opinan contra los grandes intereses económicos que se verían afectados, podrían quedarse sin empleo, sin consultorías u otros encargos similares.

¿A quién afectaría más que el Congreso aprobara ésta alternativa?
Me temo que principalmente a las compañías de seguros que venden las rentas vitalicias. También a las propias AFP que podrían perder los casos en que se quedan manejando los fondos, pero que son los menos. Una pregunta que resulta de lo expuesto es: ¿No podrían las aseguradoras seguir vendiendo rentas vitalicias y las AFP ofreciendo administrar los fondos si se aprobara la disponibilidad del 95.50 %? Creo que sí, pero estarían en la necesidad de ser mucho más convincentes y atractivos para los jubilados. Resumiendo, tendrían que ser más competitivas y los productos más variados. Podrían ofrecer rentas de plazos más cortos, garantizar más rentabilidad o sujetarla a algunos índices. Hay tantas alternativas en el mercado internacional que ni siquiera tendrían que ser muy imaginativos. Lo que pasaría es que tendrían que vender sus productos, ya que no habría, como ahora, la obligación de comprarlos.

La crítica a la propuesta en discusión asume que en su mayoría los jubilados serían irresponsables y que malgastarían o dilapidarían sus ahorros. ¿En que puede sustentarse semejante prejuicio? En algunos neoliberales hay una abierta contradicción, ya que de un lado afirman que hay que respetar la libertad de las personas, por ejemplo para consumir comida chatarra, y de otro no se les puede dejar en libertad de administrar sus ahorros. Aunque no tengo como probarlo, porque no existen estadísticas disponibles, considero más probable que la mayoría de personas que se jubilen administrarían su dinero con prudencia. Al final tendrán 65 años y la experiencia suficiente para tomar sus decisiones. Habrá algunos que se equivoquen, pero serán los menos y no tiene sentido sacrificar la libertad de la mayoría, por la posibilidad de que unos pocos malgasten sus ahorros. ¿Quién es el Estado para decidir la forma en que sus ciudadanos manejen su capital? La verdad es que la única posible respuesta es que las aseguradoras y la AFP tienen el poder y la capacidad de lobby para lograr que el Congreso y el Gobierno les mantengan los privilegios. Si, siguiendo a Rawls, legisláramos ‘tras un velo de ignorancia’, es decir sin conocer el lugar que nos ha tocado en la vida, jamás aceptaríamos la obligación de entregar nuestros ahorros a una empresa para que los administre, pero sí que existiera la alternativa y nosotros tomáramos la decisión.

La comisión que cobran las AFP es otro asunto peliagudo y que algunos prefieren no discutir. En un artículo anterior[1] sugerí que la comisión que cobran debería ser por resultado, es decir un porcentaje –que habría que determinar (mayor que el actual)– sobre las ganancias que obtengan para el afiliado, lo que implicaría que si no las obtienen, no tendría comisión e incluso, habría que estudiar la posibilidad de comisiones negativas en los períodos en que el resultado fuera de esta clase. Al final, en el largo plazo (las estadísticas de administración de fondos así lo confirman) harían utilidades y cobrarían por esto, lo que es bastante razonable. Es más bien absurdo que te cobren mientras tu fondo se deteriora.

Después de pensarlo con detenimiento, me atrevo a hacer una nueva propuesta que tiene por objeto corregir el problema de las pensiones muy bajas. La idea sería que todos los afiliados aporten un porcentaje a determinar a un fondo de solidaridad que serviría para lograr una pensión mínima. Sería una especie de impuesto, pero que tendría la ventaja de ser administrado por las propias AFP de modo transparente. En Chile se está optando por una pensión mínima con el aporte del Estado, pero éste obtiene sus fondos de los impuestos. ¿No sería mejor que lo paguemos a las propias AFP en aras del bienestar social y que se fuera corrigiendo en el tiempo así como fijamos una pensión mínima?
San Isidro, 29 de noviembre de 2015

[1] Publicado (Pág. 30) el 14 de septiembre de 2014 en la edición impresa de la revista Semana económica (1437) bajo el título ‘Hablando de las AFP’. Ver la versión publicada en www.cvx.pe.

Publicado en el diario ‘Gestión’ (Pág. 21) el 29 de diciembre de 2015.
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